Por Ricardo Reyes.
En un nuevo intento por presentar avances en materia de derechos humanos, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmó que su administración “ha invertido en herramientas” para la búsqueda de personas desaparecidas, destacando las acciones que se realizan al interior de la Fiscalía General del Estado. El mandatario incluso anunció que, a petición de los colectivos de familiares, las excavaciones se extenderán próximamente al Penal de Tepic “Venustiano Carranza”, después de las labores que ya iniciaron esta semana en las instalaciones de la propia Fiscalía.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan duramente con la cruda realidad que viven cientos de familias nayaritas. Mientras el gobernador habla de inversiones y herramientas, las cifras oficiales y los reportes independientes muestran que Nayarit se mantiene entre las entidades con tasas alarmantemente altas de desapariciones por cada 100 mil habitantes. En los últimos años, el número de personas desaparecidas en el estado ronda las miles, con estimaciones que superan las 4 mil en registros acumulados de dos décadas, y un incremento sostenido durante la actual administración. En 2025, Tepic concentró cientos de denuncias por desaparición, y el porcentaje de localizaciones efectivas se ha desplomado en varias regiones.
Lo más grave: la necesidad de excavar en el patio de la propia Fiscalía General del Estado —un lugar que debería ser el principal garante de la justicia y la investigación— responde a denuncias persistentes de colectivos que señalan posibles entierros clandestinos o irregularidades históricas en la institución. Esta situación no es un “avance” ni una muestra de apertura, sino un indicio alarmante de que el aparato de procuración de justicia podría haber sido permeado o negligente durante años, permitiendo que el horror llegara hasta sus propias instalaciones.
Extender ahora las búsquedas al Centro de Reinserción Social “Venustiano Carranza” genera aún más inquietud: ¿qué tan profunda es la crisis de desapariciones cuando incluso los penales estatales se convierten en posibles sitios de revisión? Los colectivos han tenido que presionar durante meses —e incluso años— para que se abran estos espacios, lo que evidencia una respuesta tardía y reactiva, más que una política proactiva y eficaz.
Mientras el mandatario presume “herramientas” y coordinación, las madres y familiares siguen caminando cerros, rancherías y fosas clandestinas con picos y palas en las manos, arriesgando su integridad física ante la indiferencia o ineficacia institucional. Las desapariciones en Nayarit no disminuyen; al contrario, persisten como una herida abierta que el discurso oficial intenta maquillar con anuncios puntuales.
La verdadera inversión en la búsqueda de personas desaparecidas no se mide en declaraciones ni en excavaciones forzadas por la presión social, sino en resultados concretos: personas localizadas con vida o identificadas dignamente, carpetas de investigación judicializadas sin dilación y, sobre todo, una reducción drástica de los casos nuevos. Hasta que eso ocurra, frases como “el gobierno estatal facilita la búsqueda” suenan más a eufemismo que a compromiso real. Las familias nayaritas no necesitan más promesas; exigen verdad, justicia y, sobre todo, que sus seres queridos regresen a casa.
